El Senado tiene hasta este jueves para su aprobación. El objetivo principal de la norma es asegurar que cualquier trabajador disponga de un instrumento que facilite la revelación de infracciones o irregularidades que puedan estar ocurriendo en la empresa o en el sector público. A modo de ejemplo se pueden denunciar desde situaciones de acoso laboral a blanqueo de capitales, actividades de corrupción, conductas contra el código ético o los procedimientos establecidos de la empresa. Para garantizar la confidencialidad del denunciante o alertador se crea un canal de denuncias o sistema interno de información, obligatorio tanto para el sector público como para empresas con 50 o más trabajadores.