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La clave, ir más allá de impuestos.

La AEAT establece una estricta limitación a la compensación de las pérdidas patrimoniales por operaciones con estos activos. Hacienda los califica de "bienes homogéneos" -como en el caso de los títulos-valores negociados o elementos patrimoniales identificables-, por lo que establece ahora un límite para su recompra de 2 meses o un año para poder aplicar la pérdida patrimonial en IRPF. Así consta en el programa de la Agencia Tributaria para la confección de la declaración de la Renta 2022. En el Manual de la Renta de 2022 publicado no se hace mención a esta casilla ni el sentido de esta norma antifraude.

El Gobierno ha acelerado el diseño de los nuevos modelos de declaración de criptoactivos con la expectativa de aprobarlos definitivamente "en las próximas semanas", según anunció ayer el secretario de Estado de Hacienda. El esquema de fiscalización se articula en torno a tres nuevos modelos de declaración informativa: el 172, el 173 y el 721. Una vez que Hacienda los apruebe, todos los contribuyentes deberán dar cuenta al Fisco de sus saldos y operaciones con monedas virtuales, tanto en España como en el extranjero. Además, las exigencias informativas serán extensivas a las empresas intermediarias en la operativa con criptodivisas.

A consecuencia de la huelga indefinida de la LAJ, esta plataforma, pionera en España y a nivel mundial, permitirá a los abogados bloquear los acuerdos hasta que se efectúen los pagos, agilizando las transacciones, devolviendo el dinero al mercado y garantizando al extremo los niveles de seguridad. El sistema facilitará la transacción de las cifras asociadas a las consignaciones judiciales con el "máximo nivel de seguridad jurídica". Asimismo, la plataforma también es aplicable para el resto de los sectores ajenos a la abogacía; el sistema ya opera en servicio inmobiliarios, compraventa y en diferentes bienes y servicios.

Según el TS, los empleados podrán extinguir el contrato de forma unilateral percibiendo una cuantía económica similar a la que se recibe cuando se produce un despido improcedente. Para tener derecho a percibir indemnización es requisito necesario presentar una prueba de gravedad en el incumplimiento empresarial a la hora de efectuar los salarios a plazo, donde justifica la vulneración "cuando el impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos". El Supremo trata de defender a las empresas que tengan situaciones puntuales en los que resulta imposible efectuar los pagos en plazo. Sin embargo, carece de justificación el retraso continuado de las retribuciones mes a mes o durante todo el año.