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La clave, ir más allá de impuestos.

El Consejo de Ministros, ha aprobado un Real Decreto que tiene como finalidad fundamental ampliar el plazo para que las empresas que contratan con las Administraciones Públicas se adapten al nuevo régimen de clasificación de contratistas que se reguló en el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto. los datos a 30 de junio de 2019 mostraban que la mayoría de las empresas clasificadas (un 53% de los contratistas de obras y un 63% de los contratistas de servicios) no habían realizado aún esa solicitud. Ante esta situación, existía el riesgo de que, a 1 de enero de 2020, un importante número de empresas no iba a poder acceder a las licitaciones de contratos públicos por falta de clasificación adecuada. En este esquema, y para evitar ese efecto indeseado, se ha considerado necesario establecer la ampliación del periodo transitorio fijado inicialmente.

Álava aclara que la exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad también es aplicable a actos firmes en vía administrativa. Mediante la Norma Foral 10/2019, de 27 de marzo, de modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incorporaba al ordenamiento tributario alavés al doctrina legal doctrina legal de STS, de 3 de octubre de 2018, recurso nº 4483/2017, con efectos retroactivos respecto de los ejercicios anteriores al iniciado el 1 de enero de 2019 que no estuvieran prescritos, por la especial trascendencia y protección que merece la maternidad, ampliar la exención de las prestaciones de maternidad y paternidad reguladas en la legislación general de la Seguridad Social.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se dijo que el mensaje de WhatsApp no acredita la existencia de arrendamiento, pues se envió desde un número de teléfono del que no se ha acreditado la titularidad. Pero se han dado resoluciones en sentido contrario, como la de un Juzgado de Primera Instancia de Vigo que sí consideró acreditada la existencia de un contrato de arrendamiento verbal, dado el contenido de los mensajes intercambiados, y habiéndose enviado por el mismo medio el DNI y número de cuenta para el giro de los recibos

El titular de un inmueble que alquila una vivienda a una empresa, y por tanto ésta paga la renta, pero destina el inmueble a vivienda habitual de uno de sus empleados puede aplicarse en el IRPF la reducción del 60% en los rendimientos netos. Queda claro que el único requisito exigido es que el inmueble se destine a la vivienda, y esa exigencia puede quedar perfectamente acreditada por los hechos y los términos del contrato de arrendamiento. En este caso, queda comprobado según Tributos que “no nos encontramos ante un arrendamiento de inmueble a una sociedad para un destino genérico de utilización por sus empleados”, sino que desde el primer momento ha quedado plenamente identificada la finalidad del arrendamiento: que se destinará a vivienda habitual del director general de la compañía y su familia. El cambio de uso sin previa autorización expresa por escrito del arrendador será causa de resolución del contrato, quedando prohibido el uso comercial, la cesión y el subarrendamiento.