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La clave, ir más allá de impuestos.

La Sala ha reconocido el derecho de una trabajadora con dos hijos menores de doce años a que su empresa la cambie de sede geográfica para conciliar su vida familiar. En la sentencia, contra la que cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo. En este caso concreto, los magistrados admiten el derecho de una empleada de un supermercado de Lugo a adaptar geográficamente su contrato y, por tanto, al traslado a las instalaciones que la empresa tiene en Vilalba, su lugar de residencia, para que pueda conciliar su vida familiar. Además, los magistrados le han impuesto a la compañía el pago de 6.000 euros a la perjudicada en concepto de indemnización por los daños morales que le causó.

La propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la temporalidad es considerada por algunos juristas de laboral como "radical" y acarreará el encarecimiento del despido para los contratos temporales al ser considerados nulos y no improcedente en caso de fraude de ley. Eso conllevará incluir entre los costes los salarios de tramitación; es decir, las nóminas del trabajador durante todo el proceso judicial si recurre su despido a los tribunales. En opinión de estos expertos, la propuesta judicializará más los despidos, pues deja en manos de los jueces determinar si las causas esgrimidas por la empresa justifican que el contrato no sea indefinido. Trabajo cierra el círculo con la modificación del artículo 55 del ET (Forma y efectos del despido disciplinario) al introducir coma causa de despido nulo "el de las personas trabajadoras que hayan suscrito un contrato de duración determinada, respecto de aquellos contratos concertados al margen de las razones justificativas previstas en las disposiciones legales, y, en concreto, de las referidas en el apartado 3 del artículo 15 de esta norma [modificado], cualquiera que sea la causa alegada para la extinción".

La reforma de pensiones que negocia el Gobierno con los agentes sociales en este momento no afectará a aquellos trabajadores y ciudadanos que estén en este momento a punto de jubilarse o preparando una salida anticipada del mercado laboral. Se abrirá una ventana hasta el próximo 30 de septiembre para que las empresas den a conocer sus planes de ajuste de plantilla para los próximos meses y, más concretamente, sobre las posibles salidas por la vía de la jubilación anticipada y así garantizar que estos trabajadores no se vean afectados por el endurecimiento de los coeficientes reductores, que precisamente se agravarán en la cohorte de las rentas más altas -ya que son estas las que más anticipan la jubilación y donde más se eleva la penalización, mientras que se reduce en el 90% de casos restantes-.

. El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobada en el Congreso, y ahora en trámite del Senado, incluye una enmienda que endurece el articulado de la ley, que ya rebajaba el límite para operar en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros para profesionales y empresarios. La enmienda amplía ahora el tope más bajo también para particulares. La medida ha generado protestas de las patronales de comercio y distribución. El director general de la Anged, ha asegurado que esta restricción es "inoportuna" porque su implantación es "negativa para la recuperación".